Las referentes de la Subsecretaría de Protección Civil y la Asesoría Letrada se reunieron con los fiscales Lista, Lanfranchi y Lozada para presentar documentación y coordinar estrategias en común. Los operativos ya demandaron alrededor de 1,5 millones de pesos.
El martes (19/11), representantes del Ejecutivo Municipal mantuvieron un encuentro con fiscales vinculados a la investigación por las reiteradas amenazas de bomba realizadas en la ciudad, que ayer sumaron un total de 30 en lo que va del año.
La reunión fue gestionada por la subsecretaria de Protección Civil municipal, Patricia Díaz, y la asesora letrada de la comuna, Natacha Vázquez, y ayer concretaron el encuentro con el titular de la Unidad Fiscal Temática Nº 3 Guillermo Lista, el fiscal adjunto César Lanfranchi y el fiscal Martín Lozada.
“En función de todas las denuncias que hemos realizado y los datos que hemos presentado a la Justicia, quisimos tener una entrevista para aportar más información y asimismo hacer un trabajo en conjunto sobre algunas cuestiones que se pueden ir mejorando para que esto no siga sucediendo”, detalló Vázquez.
Uno de los puntos clave que se están analizando es cómo es el protocolo de ingreso de llamadas al 911 —línea en la que se realizaron la totalidad de los llamados de amenaza de bomba—, y qué medidas deberían tomarse para mejorar la detección inmediata de amenazas falsas.
Por otra parte, también se analizó trabajar junto al Ministerio de Educación de Río Negro, para estudiar la posibilidad de que los alumnos no puedan ingresar con celulares a las escuelas.
“Lo que buscamos es trabajar en conjunto, aportando documentación útil, y ponernos a disposición para tratar de encontrar a los responsables y mejorar los protocolos involucrados en este tupo de casos”, sintetizó la asesora letrada municipal.
Con la amenaza de bomba de ayer martes por la tarde, se llegó a 30 casos registrados desde mayo de este año a la actualidad. A partir de esta situación, el Municipio ya formuló 3 denuncias penales, que se suman a las causas iniciadas tras las distintas amenazas, cuando al terminar cada operativo la Subsecretaría de Protección Civil aporta toda la información acreditada vinculada con el caso.
El costo de cada operativo —que involucra a Protección Civil, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de Río Negro, la justicia federal, bomberos voluntarios, el Hospital Zonal y Camuzzi Gas del Sur— está estimado en aproximadamente 50.000 pesos. Esto significa que con los 30 casos ocurridos desde mayo hasta la actualidad, sumando a las distintas fuerzas intervinientes, ya se han tenido que gastar 1,5 millones de pesos.
En la última denuncia penal presentada por la Dra. Vázquez —por el delito de “intimidación pública”, que estipula penas de entre 2 y 6 años de prisión— el Municipio presentó valiosos elementos de prueba que incluyen audios de recepción de llamadas al 911, la individualización de las líneas telefónicas involucradas y sus propietarios, información recibida por otras vías sobre la identidad de algunos de los responsables y copias de los libros de guardia de Protección Civil y los comandos de emergencia detallando cada operativo.
