Defensores del Pueblo manifiestan su preocupación ante incremento del gas en la Patagonia
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación por el incremento exorbitante de las tarifas del servicio de gas en la Zona Andina y Línea Sur de Río Negro que prestan las empresas Camuzzi y Copetes. La institución se hizo eco del reclamo luego que la Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro, Adriana Santagati, y la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, se comunicaran con el Presidente de ADPRA, Alejandro Amor, y acordaran solicitar una audiencia en forma urgente con el Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, con el objetivo que se revean los aumentos desmedidos sufridos por los ciudadanos rionegrinos, y la solicitud de informes detallados a las empresas prestadoras del servicio de gas.
En este sentido, Santagati informó que se comunicó con intendentes de las zonas referidas, quienes le expresaron lo indignados y sumamente preocupados que están los habitantes de sus ciudades que aseguran no van a poder pagar las cifras que figuran en sus boletas de gas, donde hay casos en que los montos superan el 600%. Así también, la Defensora recordó que estos incrementos se suman a los ya producidos en el servicio de electricidad y en una zona donde el gas es fundamental para poder afrontar las temperaturas que llegan hasta los 25 grados bajo cero.
Por su parte, la Dra. Oñate expresó que ya son varios los usuarios que se presentaron en la sede de la Defensoría de Bariloche preocupados por los montos de las facturas que, en muchos casos, exceden el 50% de sus ingresos mensuales.
Asimismo sostuvo que “los incrementos así expuestos claramente contrastan y exceden enormemente los índices existentes inflacionarios, los incrementos salariales y los haberes jubilatorios de la mayoría de la población”, y alertó que “esta disposición tarifaria es una desproporción y su imposibilidad material de cumplimiento pecuniario vulnera palmariamente derechos constitucionales que protegen a la ciudadanía usuaria”.
