Con la sanción de la nueva Ley de Fauna, la Provincia suma una herramienta legal moderna, pensada no sólo para proteger especies, sino para gestionar de forma integral los ecosistemas, sus habitantes y sus relaciones con el territorio. Sustentada en evidencia científica, articulada con actores técnicos e institucionales, y con mirada estratégica a futuro, esta normativa reemplaza un marco legal que tenía más de cuatro décadas y que ya no daba respuestas a los desafíos actuales.

El caso del jabalí es el más visible. Daños a cultivos, destrucción de nidos de aves nativas, riesgos viales y presencia cercana a zonas habitadas son parte del problema. Como especie exótica invasora, el jabalí no solo desequilibra los ecosistemas: también genera presión sobre ambientes naturales y sistemas productivos. Por eso, una de las líneas de trabajo más importantes es avanzar en el aprovechamiento del recurso, con el desarrollo de infraestructura que permita la faena bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Ya fue habilitado un frigorífico en Río Colorado y se proyectan nuevas salas en Bariloche y Los Menucos. Esto permitirá canalizar lo que hoy sólo se permite para autoconsumo, y transformar un problema ambiental en una oportunidad concreta para generar proteína de calidad, reducir presión ecológica, crear trabajo y fortalecer el desarrollo local.

El aprovechamiento del recurso no es una concesión, sino una herramienta estratégica. En un contexto donde la seguridad alimentaria y el acceso a proteínas de calidad son parte del debate global, la fauna silvestre —manejada con responsabilidad, bajo estándares sanitarios y con trazabilidad— puede convertirse en una fuente sustentable de alimento, especialmente en regiones donde el territorio y la ruralidad imponen otras condiciones. Esta ley abre la posibilidad de transformar un problema ambiental en una solución social, productiva y ecológica, con un Estado presente que regula, articula y garantiza que cada paso se dé con respaldo técnico.

El aprovechamiento del recurso no es una concesión, sino una herramienta estratégica. En un contexto donde la seguridad alimentaria y el acceso a proteínas de calidad son parte del debate global, la fauna silvestre —manejada con responsabilidad, bajo estándares sanitarios y con trazabilidad— puede convertirse en una fuente sustentable de alimento, especialmente en regiones donde el territorio y la ruralidad imponen otras condiciones. Esta ley abre la posibilidad de transformar un problema ambiental en una solución social, productiva y ecológica, con un Estado presente que regula, articula y garantiza que cada paso se dé con respaldo técnico.

Río Negro, además, es una de las provincias con mayor superficie bajo conservación en la Patagonia. Cuenta con 13 Áreas Naturales Protegidas provinciales, que abarcan paisajes únicos como la Meseta de Somuncurá, la Bahía de San Antonio, el Cipresal de las Guaitecas o el Valle del Río Limay, entre otras. A esto se suman dos parques nacionales dentro de su territorio: el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Islote Lobos, que protege más de 190 km² de biodiversidad marina sobre el Golfo San Matías. En total, el sistema de conservación rionegrino abarca más de 10.000 km², representando una red estratégica para el resguardo de especies y hábitats únicos del país.