El texto remitido por el Poder Ejecutivo que busca transformar la afiliación obligatoria en optativa para el personal público provincial y municipal fue debatido en reunión plenaria de comisiones. Representantes del gremio judicial expusieron objeciones sobre el financiamiento, mientras la oposición solicitó tiempo adicional de análisis.
En reunión plenaria, las comisiones avanzaron con el dictamen favorable por mayoría, del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de cobertura de salud estatal. La iniciativa propone sustituir el esquema de afiliación obligatoria por un sistema voluntario u optativo en la Ley K N° 2753, alcance que abarcaría a trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y los municipios.
Durante la reunión, se incorporaron ajustes en el texto técnico tras observaciones formuladas por las bancadas. Entre los cambios principales, se fijó que quienes opten por salir deberán permanecer al menos 12 meses en la nueva entidad, pudiendo solicitar su retorno al instituto estatal tras 36 meses sin sufrir períodos de carencia. Asimismo, la redacción excluyó explícitamente del derecho de opción a cargos electivos, políticos, magistrados, magistradas y funcionariado judicial.
En el debate, la conducción del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUR) presentó sus observaciones ante los legisladores. El secretario general del gremio, Marco Calarco, sostuvo que el problema central de la obra social radica en su funcionamiento y esquema de financiamiento, más que en la obligatoriedad del servicio. Por su parte, Manuel Ricardes, demandó transparencia mediante informes detallados sobre la administración de recursos y el estado de las deudas que mantienen los municipios y los distintos poderes del Estado.