La Legislatura de Río Negro sancionó la nueva Ley de Carnes promovida por el Gobierno de Alberto Weretilneck, que reemplaza una normativa con más de 35 años de vigencia y establece un nuevo marco para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los productos, subproductos y derivados de origen animal en la provincia.

La norma actualiza las reglas para una realidad productiva que cambió, incorpora las pautas del Código Alimentario Argentino, amplía los controles sobre toda la cadena y reconoce distintas escalas de elaboración, con herramientas para que pequeñas producciones puedan ingresar al circuito formal.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que la sanción representa “un ejemplo concreto de modernización del Estado, buscando no solo transparencia, sino también eficiencia, con mejores condiciones de control, inocuidad y trazabilidad para el aprovechamiento de las distintas proteínas de origen animal”.

Uno de los cambios centrales es la definición más clara de las competencias de la Provincia y los municipios. Aquellos gobiernos locales que cuenten con sus áreas de Bromatología podrán habilitar establecimientos de tránsito municipal, mientras que la Provincia mantendrá la competencia sobre los productos que se comercialicen entre distintas jurisdicciones.

Esto abre nuevas posibilidades para la elaboración artesanal y el agregado de valor en origen, con requisitos acordes a cada escala y bajo condiciones sanitarias definidas. La norma contempla producciones cárnicas y también otros productos y derivados de origen animal, como huevos y lácteos, que podrán contar con un marco más adecuado para su formalización y comercialización.

“También estamos dando herramientas para que los municipios puedan habilitar elaboraciones artesanales y generar valor agregado dentro de sus territorios. Es una ley que acompaña una realidad que ya existe y le da reglas claras para producir y comercializar con mayores garantías”, señaló Banacloy.

La nueva legislación incorpora además la figura del director técnico para establecimientos industriales y de tránsito provincial y amplía la intervención de los organismos responsables del control.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo tendrá competencia sobre establecimientos y transportes, el Ministerio de Salud sobre la inocuidad y los registros sanitarios, y la Policía de Río Negro participará en la fiscalización en rutas y caminos.