La Secretaría de Ambiente de Río Negro actualizó el reglamento para el uso de drones en las Áreas Naturales Protegidas provinciales, incorporando herramientas que permiten optimizar la gestión de las autorizaciones, consolidar el trabajo de fiscalización y acompañar el desarrollo de actividades científicas y de difusión ambiental con criterios claros y actualizados.

La nueva normativa para vuelos de drones en Áreas Naturales Protegidas agiliza y ordena las autorizaciones para actividades científicas y de difusión ambiental, fortaleciendo el control en territorio y la protección de la biodiversidad.

La medida forma parte del proceso de modernización que impulsa la Provincia para fortalecer la gestión ambiental en territorio, garantizando la conservación de los ecosistemas y, al mismo tiempo, promoviendo el uso responsable de tecnologías que contribuyen al conocimiento, monitoreo y puesta en valor del patrimonio natural rionegrino.

La actualización reemplaza una normativa vigente desde 2022 e incorpora procedimientos más ágiles para la evaluación de solicitudes, además de protocolos específicos para situaciones excepcionales que requieran registros audiovisuales o monitoreos vinculados a eventos naturales de interés ambiental. Asimismo, establece nuevas herramientas de seguimiento y control que permitirán realizar un monitoreo más preciso de cada actividad autorizada.

De esta manera, investigadores, instituciones y organizaciones que desarrollen proyectos científicos o acciones de divulgación ambiental contarán con un marco más claro y eficiente para gestionar sus solicitudes, reduciendo trámites innecesarios y brindando mayor previsibilidad a los procesos administrativos.

La entrada en vigencia de la resolución está acompañada por instancias de capacitación destinadas a los guardas ambientales de la provincia. Estas jornadas permiten transmitir los alcances de la nueva normativa, unificar criterios de aplicación, actualizar conocimientos técnicos sobre el uso de drones e incorporar nuevas herramientas para optimizar los procesos de autorización, seguimiento y control en territorio. De esta forma, se fortalece el rol estratégico de quienes llevan adelante las tareas de conservación y fiscalización en las áreas protegidas.

Al mismo tiempo, la normativa refuerza las medidas de protección de la fauna silvestre y los ecosistemas sensibles, incorporando criterios específicos para minimizar impactos y evaluar el comportamiento de las especies antes, durante y después de cada operación.